Caja Rural de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca firman un convenio para facilitar liquidez a empresas y autónomos afectados por la crisis del Covid

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la directora general de Caja Rural de Salamanca, Isabel Martín Arija, firmaron el pasado 3 de Junio un convenio de colaboración con la finalidad de apoyar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Salamanca afectados por la crisis sanitaria generada por el coronavirus. El convenio, que fue rubricado en presencia de los concejales de Hacienda, Fernando Rodríguez, y de Promoción Económica, Juan José Sánchez, así como del director del Área de Desarrollo de Negocio y Marketing de Caja Rural, Vicente Jaén, estará vigente hasta el 30 de septiembre. El Ayuntamiento y Caja Rural coinciden en la importancia que tienen el tejido empresarial y los autónomos en la economía de Salamanca, contribuyendo a generar riqueza y empleo en la ciudad. Este acuerdo pone de manifiesto la voluntad de ambas instituciones de contribuir a paliar las dificultades económicas de las pymes salmantinas por la paralización o reducción de la actividad ocasionada en los últimos meses. De este modo, con esta colaboración se les facilita el acceso a financiación con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de atender sus necesidades de liquidez, reduciendo los gastos asociados a la formalización de préstamos de liquidez acogidos a la Línea ICO creada por el gobierno a partir de Real Decreto de 17 de marzo. El Ayuntamiento se compromete a lanzar una convocatoria de ayudas dirigidas a las pymes y a los autónomos de la ciudad, y a asumir los gastos asociados a la formalización de préstamos de liquidez acogidos a la línea ICO AVALES COVID-19. Caja Rural de Salamanca informará a sus clientes de las ayudas municipales para las operaciones de préstamos acogidas a esta línea, que ascienden a un importe máximo de 50.000 euros para autónomos y profesionales, y de 90.000 euros para micropymes y pymes. Asimismo, se compromete a formalizar las operaciones de préstamos de liquidez con un plazo de devolución de 5 años, con uno de carencia.