¿Desde cuándo existen y cómo se reparten?
El primero que tuvo fundamento gubernamental surgió en el siglo XVIII en Inglaterra; sin embargo, en España los PGE existen desde la segunda mitad del siglo XIX. En cuanto a su reparto, se realizan mediante un proceso de elaboración y aprobación que sigue varios pasos:
- Redacción. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, prepara un anteproyecto.
- Debate y negociación. Al menos tres meses antes de que acabe el año anterior, se lleva al Congreso de los Diputados, y en él los diferentes grupos políticos proponen enmiendas y modificaciones al proyecto.
- Aprobación. Una vez debatido y negociado, el parlamento vota y aprueba, o no, el proyecto de presupuestos. Si es confirmado, se convierte en ley y se publica en el Boletín Oficial del Estado.
- Ejecución. Una vez aprobados definitivamente, los presupuestos se ejecutan a lo largo del año fiscal correspondiente. Los ingresos se recaudan a través de impuestos y otras fuentes, mientras que los gastos se distribuyen según las partidas presupuestarias establecidas.
- Seguimiento y control. Durante el año fiscal, se controla su cumplimiento para garantizar que se ajuste a lo planificado y se administre de manera eficiente.
Partidas presupuestarias
Se establecen mediante un proceso de asignación de recursos a diferentes áreas y programas en función de las prioridades y necesidades del Gobierno. Este proceso implica varias etapas y en cada legislatura tiene un componente esencialmente político:
- Identificación de necesidades. El primer paso consiste en analizar las metas prioritarias del país en áreas como educación, sanidad, infraestructura o defensa.
- Asignación de activos. Según las demandas identificadas y de acuerdo a las políticas y objetivos estatales, se asignan recursos a cada área y programa presupuestario. Esto incluye, por ejemplo, determinar cuánto se destinará a salarios y pensiones de funcionarios, inversión en infraestructuras, pensiones o gastos de funcionamiento de los diferentes ministerios.
¿Qué son los PGE consolidados?
Este es un matiz muy importante, porque son los que, agregados a los de la Administración central, incluyen a las autonomías, la Seguridad Social y diferentes agencias y organismos, siempre estatales y de carácter público.
Previsiones en los Presupuestos Generales del Estado 2024
La principal previsión de estos presupuestos, el primero que elabora el nuevo Ejecutivo de coalición, intenta que se puedan mantener las políticas sociales sin renunciar al objetivo de reducir el déficit público. En concreto, desde el 3,9 % del PIB previsto para 2023 al 3 % que se ha anunciado para 2024. De ese modo, se podrán cumplir dos objetivos:
- El Pacto de Estabilidad y Crecimiento marcado por la UE.
- Una mayor capacidad y margen fiscal para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Para ello, según las últimas previsiones de Hacienda, el Gobierno cuenta con la ayuda de unos ingresos impositivos que en 2024 crecerán a una tasa del 9 % respecto a la anterior liquidación prevista para el año 2023.
¿Cuándo se aprueban?
La fecha aún es incierta. A pesar de que el pasado 12 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó los objetivos de estabilidad para las Administraciones públicas, el primer intento ha sido rechazado en el Senado gracias a la mayoría que ejerce el Partido Popular.
Ahora, la intención es aprobar la ley de los PGE en el primer semestre del año, un periodo que estará marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas. De hecho, se ha vuelto a aprobar el límite de gasto no financiero, que ya se eleva a 199 120 millones de euros, lo que supone un 0,5 % más. Eso sí, se han incluido en las cuentas los fondos europeos y un déficit estimado del 3 % durante este año para el conjunto de las Administraciones. En concreto, con un estimativo del 2,7 % en 2025 y del 2,5 % en 2026.
¿Puede una familia replicar el modelo del Estado?
Sí, claro que puede, es más, es conveniente hacerlo, porque poniendo en práctica este sistema se alcanza el paradigma de la eficiencia. Al seguir la filosofía y el ejemplo de los PGE, se puede prever con antelación en qué se gastarán las partidas mediante un proceso similar de planificación. Esto implica a nivel familiar:
- Establecer metas financieras. Se deben incluir objetivos económicos a largo plazo, como ahorrar para la educación de los hijos, comprar una casa o jubilarse cómodamente.
- Evaluar ingresos y gastos. En la unidad familiar es importante conocer los ingresos regulares y los gastos habituales. Esto permitirá tener una visión clara de cuánto dinero hay disponible para asignar a diferentes conceptos.
- Priorizar fondos y abonos. Aquí, igual que ocurre con el Estado, hay que adjudicar fondos a áreas prioritarias, pero siempre con un objetivo. Esto debe incluir costes básicos como la vivienda, la alimentación y educación, así como ahorros para emergencias o situaciones imprevistas.
- Tener un plan coherente. Una vez establecido el presupuesto y atribuidas las partidas, la familia ha de seguir un plan de desembolsos disciplinado. Esto implica controlar los gastos, aumentar el ahorro, ajustar el presupuesto según convenga y evitar erogaciones innecesarias.
- Revisar y ajustar periódicamente. Del mismo modo que ocurre con los organismos del Estado, en el día a día de una familia conviene revisar de manera regular la situación financiera, hacer los ajustes necesarios y adaptarse a cambios en las circunstancias económicas o personales.
¿Y para las empresas?
En este caso, los presupuestos (sean generales o particulares) se han de elaborar con la máxima atención. Pero aquí cuentas con una ventaja que podemos proporcionarte para que esta gestión sea más fácil: la banca digital de Ruralvía y el apoyo del Banco Cooperativo Español. Si deseas más información, contáctanos.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son un plan detallado que establece los ingresos y gastos del Gobierno para un año fiscal determinado. Para el país, suponen la principal herramienta de gestión económica y financiera, ya que determinan cómo se asignarán los recursos públicos. Además, reflejan las políticas y prioridades en términos de inversión, impuestos y medidas de gasto. Para ser aprobados, han de someterse a debate y aprobarse en las Cortes Generales.